Nivel de los resultados de aprendizaje:
NIVEL MECES: Nivel 1 – Técnico Superior (equivalente a Nivel 5 EQF): se corresponde a los Títulos de Técnico Superior, que se obtienen en la Formación Profesional de Grado Superior (FP).
Número de plazas ofertadas:
Mínimo: 20, máximo: 40
Créditos ECTS ofertados:
7,5 créditos ECTS
Precio del programa completo:
Precio de la matrícula: 291 € (283 de tasas de matrícula + 8 € de tasas de secretaría).
Plazo de matrícula:
Finaliza el 5 de enero de 2026
Fecha de celebración:
Del 12 de enero al 2 de marzo de 2026
Modalidad de enseñanza:
Híbrida
Idioma
Castellano
Rama de conocimiento:
Ciencias Sociales y Jurídicas
Entidades colaboradoras:
No aplica
Resultados del aprendizaje
C1: conocimiento comprensivo: entender la regulación actual en materia de contratación pública, así como la doctrina de cada una de las materias que han presentado controversia en su interpretación y que son objeto de análisis.
C2: aplicación del conocimiento: capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para resolver problemas en situaciones nuevas.
C3: valoración del conocimiento: capacidad para integrar el conocimiento desde una perspectiva interdisciplinar y crítica.
C4: comunicación del conocimiento: capacidad de comunicación escrita para transmitir el conocimiento de una forma ágil y rigurosa.
C5: colaboración y trabajo en equipo: capacidad para cooperar en proyectos comunes y liderar trabajos académicos y profesionales.
C6: formación permanente o continuada: capacidad para continuar el aprendizaje de una manera autónoma y autodirigida.
Métodos de evaluación de los resultados de aprendizaje:
El curso se desarrollará en modalidad híbrida, siendo las sesiones 12 y 13 preferentemente presenciales, el resto de la actividad se impartirá de forma híbrida durante lunes y martes por la tarde, excepto las sesiones 2, 5, 14 y 15 que serán íntegramente virtuales, según calendario. No obstante, tanto las sesiones preferentemente presenciales como las híbridas y virtuales se grabarán y quedarán a disposición del alumnado para que pueda hacer uso de ellas de la forma más conveniente, de manera que haya una total flexibilidad de acceso a los contenidos.
En las clases preferentemente presenciales la metodología docente será la de impartición de materias teóricas, intercaladas con la técnica de aprendizaje del estudio de caso, en la que el alumnado se enfrenta a la descripción de una situación específica que plantea un problema, que debe ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas a través de un proceso de discusión. El horario es el que aparece en el calendario.
Sistema de evaluación:
Explicación de conceptos teóricos y resolución de casos prácticos.
La explicación de los contenidos de forma tradicional se acompañará de un seguimiento de los alumnos por medio del campus virtual. en este sentido, se crearán foros en los que el alumnado pueda plantear cuestiones, y se favorecerá la participación de forma que se creen grupos de discusión sobre temas concretos de actualidad relacionados con el objeto de la actividad formativa.
Además, el campus virtual será la herramienta para el intercambio de documentación entre docentes y alumnado a la hora de realizar trabajos prácticos, y podrá también utilizarse para realizar las pruebas de conocimiento teórico.
Por otra parte, después de los siguientes bloques temáticos se realizará una prueba de evaluación de conocimientos y un caso práctico. las pruebas se realizarán del siguiente modo: tras la sesión décima una vez se concluya el bloque temático del procedimiento de adjudicación; tras la sesión decimoséptima, una vez que se concluya el bloque específico sobre el recurso especial en materia de contratación; y al final del curso, tras el módulo sobre la ejecución de los contratos y otros procedimientos de contratación.
La evaluación de los estudiantes se realizará tras la media obtenida según los porcentajes de las siguientes partes:
- 20% asistencia y participación en las sesiones (2 puntos): el alumno será evaluado teniendo en cuenta su asistencia a las sesiones y su participación en las mismas. Asimismo, se tendrá en cuenta la participación en los foros de discusión que se generen en el campus virtual.
- 30% trabajos prácticos (3 puntos): el alumno será evaluado atendiendo a su destreza a la hora de argumentar de forma jurídica la solución a cada uno de los supuestos prácticos planteados.
- 50% teoría (5 puntos): superación con éxito de las tres pruebas teóricas que se planteen a lo largo de la actividad formativa.
La calificación máxima será de 10 puntos, y la mínima necesaria para superar el curso de 5 puntos.
Reconocimientos de créditos:
No se contempla
Integración en otros programas u opciones de apilabilidad:
La persona que supere las 2 formaciones de la Escuela Pública de contratación Administrativa podrá obtener un Certificado de Estudios Universitarios, con una carga académica de 15 ECTS.
Realización de prácticas:
No se contempla
Lugar de impartición
Sede La Cartuja de Sevilla (enseñanza presencial).
Campus Virtual de la UNIA (enseñanza virtual).
PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
El sistema legal de contratación pública trata de conseguir que la misma se utilice como instrumento para implementar las políticas tanto europeas como nacionales en materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo, de promoción de las pymes, y de defensa de la competencia, persiguiéndose en todo momento la eficiencia en el gasto público y el respeto a los principios de igualdad de trato, no discriminación, transparencia, proporcionalidad e integridad.
De conformidad con lo expuesto en la exposición de motivos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, esta persigue diseñar un sistema de contratación pública, más eficiente, transparente e íntegro, mediante el cual se consiga un mejor cumplimiento de los objetivos públicos, tanto a través de la satisfacción de las necesidades de los órganos de contratación, como mediante una mejora de las condiciones de acceso y participación en las licitaciones públicas de los operadores económicos, y, por supuesto, a través de la prestación de mejores servicios a los usuarios de los mismos.
La contratación administrativa es actualmente uno de los campos más dinámicos dentro del derecho administrativo. asimismo, y como queda recogido en el documento “las cifras de la contratación pública en 2023”, de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (ORIESCON): “en España, el nivel de gasto en contratación pública de 2022 alcanzó el 11,55% del Producto Interior Bruto (PIB) y el 24,87% del total del gasto público, tal y como se refleja en los datos de contabilidad nacional publicados por EUROSTAT”, lo que nos da una idea de la relevancia en España de esta materia, la contratación pública y en concreto la importancia que la misma tiene en la actividad propia de las administraciones públicas.
Sin embargo, la evolución de la contratación pública hacia estos objetivos anteriormente citados ha ido suponiendo la implementación de una regulación cada vez más compleja que a su vez requiere de personal con una alta especialización en esta materia para poder culminar con éxito los procedimientos de adjudicación que finalmente conllevan la ejecución de las propias políticas públicas anteriormente enumeradas.
Por otro lado, en octubre de 2017 la comisión europea adoptó la «Recommendation (EU) 2017/1805 on the Professionalisation of Public Procurement», recomendación sobre la profesionalización de la contratación pública, para animar a los países de la UE a aumentar la profesionalidad de las autoridades responsables de la contratación. La recomendación forma parte del paquete de contratación pública, que establece las prioridades de la política de contratación pública de la UE. Las políticas de profesionalización a escala nacional son fundamentales para garantizar que los compradores tengan las capacidades, conocimientos e integridad necesarios. Deben abordar la formación y la gestión de la carrera profesional de los responsables de la contratación pública y proporcionar las herramientas necesarias para aumentar la eficiencia del proceso de contratación pública (por ejemplo, herramientas de contratación electrónica, directrices y plantillas). Dicha recomendación se ha acompañado del PROCURCOMPEU: el marco europeo de competencias para los profesionales de la contratación pública.
Queda claro a la luz de todo lo manifestado que, dentro del derecho administrativo, la contratación pública es un ámbito que despierta en la actualidad un enorme interés desde diversas perspectivas. En este sentido, a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos le corresponde la competencia sobre la coordinación en materia de contratación pública de la Junta de Andalucía conforme establece el artículo 1 letra o) del Decreto 153/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos (CEHYFE).
Asimismo, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA), al igual que la de los demás tribunales administrativos de recursos contractuales creados en el resto del territorio español, tiene su origen, a nivel normativo, en la Directiva 2007/66/CE. El devenir del funcionamiento del Tribunal ha dado lugar a situar al mismo en una posición estratégica en el ámbito de la contratación pública tanto de la Junta de Andalucía como de nuestra Comunidad Autónoma, dado los cambios normativos operados no solo en la Ley de Contratos, cuando amplía el ámbito objetivo del recurso sino también teniendo en cuenta que las Entidades Locales, así como
las propias Universidades en la mayoría de los casos no han optado por crear un tribunal propio o no han procedido, en su caso, a atribuir la competencia a los órganos de resolución de recursos de las Diputaciones provinciales, sino que han preferido atribuirla, ya sea de forma expresa o tácita, la citada competencia al TARCJA.
La formación en contratación pública es vital para garantizar la legalidad, transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos. esta capacitación fortalece la competencia técnica, reduce errores y mejora la calidad de los procesos de contratación, promoviendo una gestión más eficaz y responsable de los fondos públicos. Refuerza la confianza ciudadana en la administración, esencial para el buen funcionamiento del estado y el desarrollo socioeconómico del territorio.
Desde la perspectiva específica de una microcredencial resulta relevante el interés tanto formativo o académico como laboral de esta actividad, teniendo en cuenta que su finalidad es cualificar o recualificar tanto a personas que pretendan acceder a esta rama de actividad -la contratación pública-, ya sea mediante la adquisición de determinadas competencias que hagan mejorar su empleabilidad, para poder acceder o mejorar su competitividad en el mercado laboral, como también, para aquellos profesionales que presten sus servicios en este ámbito pero que necesiten mejorar y actualizar sus conocimientos para poder seguir desempeñado su trabajo de la forma más efectiva posible. Asimismo, también puede resultar una actividad adecuada para aquellas personas que se encuentren en fase de preparación para el acceso al empleo público, puesto que esta materia es troncal en todos los sistemas de selección a todos los grupos o categorías de empleados públicos e igualmente aporta un conocimiento fundamental para el desarrollo profesional dentro de las distintas administraciones públicas y sus entes instrumentales.
DEMANDA SOCIAL
La formación en contratación pública es vital para garantizar la legalidad, transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos. Esta capacitación fortalece la competencia técnica, reduce errores y mejora la calidad de los procesos de contratación, promoviendo una gestión más eficaz y responsable de los fondos públicos. Refuerza la confianza ciudadana en la administración, esencial para el buen funcionamiento del estado y el desarrollo socioeconómico del territorio.
Además, la demanda puede provenir de todas aquellas personas interesadas en la contratación pública; tanto personas que acaben de finalizar sus estudios en derecho y que tengan interés por especializarse en esta materia, como aquellos profesionales dedicados a la contratación administrativa, así como empleados públicos que desempeñen sus funciones en esta materia.
