El Gobierno español aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, para impulsar la participación
El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Educación, el Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, que garantiza la participación del alumnado en la política y la gestión de las universidades. Uno de los objetivos principales de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Universidades (LOMLOU) lo constituye la participación de los estudiantes en la política universitaria.
Este Estatuto contempla, además, la creación del Consejo del Estudiante Universitario, un marco en el que se definirán las nuevas relaciones entre los estudiantes, las administraciones -estatal y autonómicas- y las propias instituciones universitarias. Dicho Consejo tendrá una visibilidad institucional y abrirá un canal de comunicación (paralelo y complementario al de las asociaciones estudiantiles) para debatir las políticas de modernización y los desarrollos de la convergencia europea.
El Estatuto del Estudiante Universitario establece mecanismos para aumentar la implicación y participación de los estudiantes en la vida universitaria y en el diseño de sus políticas estratégicas. Entre los avances de relevancia cabe reseñar que:
- Progresa en la declaración de los derechos y deberes de los estudiantes.
- Define la orientación al estudiante y la configuración de sistemas tutoriales desarrollados por el profesorado y el personal especializado.
- Describe la Atención al Universitario como clave para la formación integral del estudiante.
- Describe la programación docente del estudiante de enseñanzas que conducen a la obtención de un título oficial, definiendo la naturaleza de las prácticas externas y regulando el derecho a una evaluación objetiva, así como a la comunicación y revisión de las calificaciones.
- Regula la representación estudiantil dentro de las universidades, así como su participación en organizaciones nacionales e internacionales.
- Presta atención al fomento de la convivencia y la corresponsabilidad en la universidad. Contempla la creación de comisiones de corresponsabilidad universitaria formadas por estudiantes, profesores y personal de administración y servicios, y describe la colaboración del estudiante con el Defensor Universitario, que podrá asumir tareas de mediación y conciliación.
- Incluye la actividad física y deportiva y la formación en valores como componentes de la formación integral que las universidades deben proporcionar a los estudiantes.
Asimismo, el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado, que estará formado inicialmente por tres representantes del Ministerio de Educación, cinco expertos designados por el ministro de Educación y 88 representantes de los estudiantes; tiene entre sus competencias:
- Informar los criterios de las propuestas políticas del Gobierno en materia de estudiantes universitarios.
- Ser interlocutor válido ante el Ministerio de Educación.
- Contribuir activamente a la defensa de los derechos de los estudiantes.
- Velar por la adecuada actuación de los órganos de gobierno de las universidades en lo que se refiere a derechos y deberes de los estudiantes.
- Recibir y, en su caso, dar cauce a las quejas que le presenten los estudiantes universitarios.
- Elevar propuestas al Gobierno.
Una aspiración de la comunidad estudiantil
La aprobación del Estatuto del Estudiante Universitario era uno de los principales objetivos del Ministerio de Educación dentro del eje "gobernanza" de la Estrategia Universidad 2015, así como una aspiración de los colectivos de estudiantes españoles desde hace décadas. Su aprobación se produce después de alcanzar el consenso sobre la redacción del texto con los principales agentes implicados de la comunidad universitaria: rectores, comunidades autónomas, representantes de alumnos y docentes.
En las reuniones para la elaboración del Estatuto han participado durante meses las principales asociaciones, federaciones y confederaciones de estudiantes de España, así como la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (la CRUE, junto con su Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles, RUNAE), el Consejo de Universidades y la Conferencia General de Política Universitaria entre otros.
El objetivo es involucrar a los estudiantes (que representan el 90% de la comunidad académica) como socios reales en las estructuras de toma de decisiones de la educación superior, así como en los debates políticos y presupuestarios. Tras la aprobación del Estatuto, le corresponderá a la comunidad universitaria, en ejercicio de su autonomía, desarrollar los diferentes aspectos del mismo.
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