El doctorando John Jairo Girón Bermúdez, que ha cursado los estudios del Programa interuniversitario de Doctorado en Ciencia Jurídica: Teoría, Historia y Comparación, en el que participa la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), ha defendido su tesis doctoral en el Campus La Cartuja de Sevilla, un trabajo de investigación que lleva por título La Legitimidad para la Legitimación en el control de Constitucionalidad en Colombia. Aspectos teóricos, históricos y comparados, especialmente con el control de constitucionalidad española. El director de dicha tesis ha sido el catedrático de la Universidad Pablo de Olavide, Manuel Terol Becerra.
Según expone el propio doctorando, su investigación dentro del sistema constitucional colombiano ha ido encaminada a demostrar la relación existente entre legitimidad y legitimación, desde la necesidad de defender la Constitución a través del control de la constitucionalidad, respecto de la actuación de los poderes constituidos en la norma fundamental.
Según indica, "para establecer esta legitimad se ha partido del análisis del pacto constituyente que da nacimiento a la Constitución, así como el tipo de soberanía que se establece en la norma fundamental. Pacto y soberanía impactan sobre la legitilidad y ésta, a su vez, determina la legitimación para ejercer el control de constitucionalidad".
Para realizar este estudio, el doctorando ha necesitado realizar un análisis histórico y teórico del control de constitucionalidad desde las primeras constituciones de Francia y Estados Unidos; así como un análisis comparado de la evolución y la realidad actual de control, principalmente con España, y su repercusión en Iberoamérica.
El control de constitucionalidad en Colombia se analiza desde su devenir en la historia desde que éste recaía en el Parlamento, como en Europa, hasta que pasó a depender de la Corte Suprema de Justicia y, en 1991, a la Corte Constitucional. También, se abordan las facultades de los ciudadanos en el control de la constitucionalidad, entre las que se encuentra la posibilidad de presentar acciones de inconstitucionalidad contra leyes y decretos.
