El rector de la Universidad Internacional de Andalucía, José Ignacio García, participa en un análisis de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), que aborda los efectos sobre el empleo de la crisis del COVID-19. Este trabajo, del que también son autores Florentino Felgueroso y Sergi Jiménez, señala que casi 1,7 millones de ofertas de empleo podrían haberse visto afectadas a causa del coronavirus. Andalucía sería la región que saldría peor parada, en términos brutos, con más de 400.000 oportunidades de inserción laboral en el aire, situándose en tercer lugar tras Murcia y Baleares si se aborda en términos de proporción sobre los no empleados.
El estudio, publicado en la colección Apuntes de FEDEA en su edición de abril, estiman los efectos de la epidemia de coronavirus sobre el empleo y los flujos de entrada y salida en el mismo y se ofrecen, también, algunas reflexiones sobre los datos estadísticos que serán necesarios para el seguimiento de la crisis y el análisis de la eficacia de las medidas tomadas para paliarla.
Utilizando datos de la EPA y la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), los autores señalan tres tipos de efectos de la crisis a nivel de comunidades autónomas y provincias. El primero, de carácter estático, proviene del cierre escalonado de las actividades económicas consideradas no esenciales. La declaración del Estado de alarma afectó al grueso del comercio minorista, la hostelería y muchos servicios presenciales que empleaban en torno a 3,3 millones de trabajadores. Posteriormente, la medida de cierre se ha extendido a muchos otros sectores considerados no esenciales, con lo que el número total de empleos afectados ha aumentado hasta los 9,2 millones. De estas cifras habría que sustraer a los trabajadores que han podido optar por el teletrabajo, cuyo número no se conoce por el momento.
Además de estos efectos directos sobre la ocupación, la crisis sanitaria afectará también a los flujos de entrada y salida en el empleo, tendiendo a congelarlos en los sectores afectados por el parón. Por un lado, estos sectores dejarán de contratar nuevos trabajadores en un momento del año en el que en condiciones normales el empleo crece con especial intensidad. Y por otro, las medidas de urgencia establecidas en el decreto tienden a congelar también los flujos de salida del empleo, dificultando los despidos y obligando a la renovación de los contratos temporales. La magnitud de los flujos relevantes se estima utilizando datos de la MCVL para 2018, que es el último año disponible. Así, la crisis podría evitar casi 1,7 millones de ofertas y llevaría a posponer unos 1,3 millones de ceses, que podrían producirse de golpe una vez pasada la misma.
Los autores señalan que la crisis tendrá previsiblemente efectos adversos importantes, aunque en buena medida indirectos, sobre tres grupos de personas que podrían no quedar bien cubiertos por las medidas establecidas hasta el momento. Se trata en particular de los desempleados de larga duración sin prestaciones, que serán nuevamente relegados en la cola del paro, a semejanza de lo que ocurrió en la Gran Recesión, los nuevos entrantes, que se encontrarán con un mercado de trabajo muy debilitado o simplemente no entrarán; y finalmente, los trabajadores de mayor edad, que probablemente sean separados del mercado de trabajo de forma permanente. Para proteger a estos colectivos, podría ser necesario introducir transitoriamente una renta mínima de amplia cobertura y duración, así como reforzar las políticas activas de empleo y mejorar su eficacia.
Finalmente, se destaca también la necesidad de mejorar las estadísticas de empleo para hacer posible el seguimiento de la crisis y el análisis de la efectividad de las medidas tomadas para paliarla. Entre otras limitaciones, los datos que actualmente se publican (en parte con un retardo considerable) no ofrecen demasiada información sobre los mecanismos de ajuste que se están utilizando. Este es el caso, por ejemplo, de las personas sometidas a ERTE, que no se incluirán en las cifras de paro registrado (aunque sí en el número de demandantes), ni en las bajas de afiliación a la Seguridad Social (aunque sí en el número en suspensión), ni aparecerán como desempleados en la EPA (se considerarán como ocupados que no han trabajado en la semana de referencia). Por ello, se deberá tener un cuidado especial a la hora de analizar estos datos y extraer de ellos conclusiones sobre los efectos de la crisis del coronavirus.
Para más información véase:
Felgueroso, F., J. I. García Pérez y S. Jiménez (2020). “Guía práctica para evaluar los efectos sobre el empleo de la crisis del COVID-19 y el Plan de Choque Económico.” FEDEA, Apuntes no. 2020-04, Madrid.
