Las rectoras y los rectores de la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) han hecho constar su disconformidad en relación con los titulares publicados en prensa el día 7 de junio,
como resultado del Informe CYD 2010 (de la Fundación Conocimiento y Desarrollo).
En este sentido, han hecho público el documento que se expone a continuación.
"La contribución de las universidades españolas para el desarrollo social y económico es fundamental como demuestran varios estudios externos a la Universidad, que evidencian que de la inversión realizada en la Universidad se devuelve a la sociedad entre dos y tres veces el valor de la misma. Con ello, las universidades son capaces de generar en su entorno un número de puestos de trabajo que multiplica por cuatro sus empleos directos. Si a esto le añadimos los valores de la responsabilidad social educativa de la Universidad, queda claro que, lejos de ser ineficiente, la Universidad es altamente rentable y necesaria para la sociedad, lo que concuerda con el porcentaje de ciudadanos satisfechos con la enseñanza universitaria, cifrado en un 72%, según un informe del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.
En una coyuntura de recortes y de crisis económica, con una reducción presupuestaria, la Universidad ha sabido realizar de forma eficiente y nada traumática la mayor transición educativa de la historia: la adaptación de nuestros estudios al Espacio Europeo de Educación Superior. Para ello, tratando de adecuar oferta y demanda, mientras el número de alumnos de nuevo ingreso ha aumentado un 10%, se ha reducido un 12% la oferta de títulos de Grado.
Las universidades han realizado esfuerzos muy importantes para cumplir los objetivos pedagógicos. No sólo la adaptación de títulos ha representado un esfuerzo interno muy notable de formación, análisis y proyección, sino que además se han gastado muchos recursos económicos en adecuar espacios docentes y en mejorar servicios a los estudiantes. La adaptación al EEES se ha realizado a través de un proceso de equilibrio entre la intensidad docente y la optimización de los recursos existentes. Para ofrecer una enseñanza de calidad, se requiere una mayor atención personalizada, lo cual significa, indudablemente, más dedicación docente. Por lo tanto, afirmar que “la ineficiencia de la Universidad cuesta 2.100 millones de euros anuales al Estado”, además de carecer de rigor, causa en la sociedad una alarma injustificada y aleja de la Universidad la posibilidad de atraer inversiones y recursos que potencien una adecuada gestión del conocimiento.
El Sistema Universitario Público Español está formado por universidades investigadoras, que imparten formación y generan conocimiento. Por este motivo, necesitan más Personal Docente Investigador que aquellas que sólo se dedican a la formación. Por ello, tomar como referencia “la media de 6 docentes que registran los países plenamente adaptados al EEES” no es correcto, ya que las universidades europeas que se dedican a la investigación y a la formación, como sucede en el Sistema Universitario Público Español, destinan 10 docentes por 100 alumnos, una cifra mayor que las universidades españolas, que destinan 9.
La formación universitaria española ha alcanzado en las últimas décadas tasas de matriculación y graduación equivalentes a las de los países más eficientes. Y ello a pesar de que nuestra inversión en educación es muy inferior, el 1,1% del PIB frente al 1,5% de media en los países de la OCDE.
Dentro de la alarmante tasa de desempleo juvenil, que asciende al 40%, a los titulados superiores sólo les afecta un 10%. Esta tasa, aún siendo el doble que la de la media europea, guarda las mismas proporciones que en otros países con las tasas de desempleo de otros sectores de la población con diferente formación. Es importante subrayar, por tanto, que no tenemos un problema de desempleabilidad universitaria, sino un problema de desempleo en la sociedad española motivado, entre otras razones, por una falta de cultura innovadora. Además, cabe destacar, que es residual la tasa de desempleo entre los doctores, aunque sólo el 15% trabaja en empresas.
El informe CYD resalta que la tasa de sobrecualificación de nuestros graduados es de 10 puntos superior a la media de la UE. Esto no es un reflejo de un nivel de formación inadecuado, sino de que se necesita un mayor pulso innovador en la sociedad para aprovechar al máximo las capacidades de las personas formadas. Tal y como destaca además el informe, un 70% de los graduados universitarios contratados en 2009 obtuvo un contrato para desempañar ocupaciones de alta cualificación, porcentaje que ha crecido unos 10 puntos desde 2007.
La producción científica española se ha duplicado en los últimos años hasta constituir el 3,4 % de la producción científica mundial. Esfuerzo que nos ha convertido en la novena potencia científica mundial, por delante de países como Australia, India, Rusia, Holanda o Brasil, y la octava, entre las diez primeras, en publicaciones por habitante, con resultados similares a Japón. Es un resultado más que notable si consideramos que España sólo invierte en I+D+i un 1,38% de su PIB, muy lejos del 2,3% que es la media de la OCDE. Relacionando la producción científica por habitante con el porcentaje de gasto en I+D+i, resultamos ser uno de los cuatro sistemas más eficiente del mundo.
La lectura que subyace tras estos datos objetivos, es que las universidades españolas, que concentran los dos tercios de toda esa producción científica con una calidad que supera en un 15% a la media, son eminentemente eficientes y productivas en relación con la inversión en I+D+i.
Creemos que esta situación es mucho más relevante que el hecho de que el “24% del profesorado no produzca resultados científicos que puedan ser evaluados”, cifra que podría considerarse baja, ya que corresponde, mayoritariamente, a una parte del profesorado que no tiene función investigadora.
Debemos considerar, además, que con los niveles de inversión actuales nos alejamos del reto de la modernización de nuestro modelo económico y social, pues sólo aquellos países que invierten al menos el 1,7% de su PIB en I+D+i, y cuentan con una participación del sector productivo superior al 65%, muestran índices de competitividad adecuados para afrontar el reto del crecimiento económico y la creación de empleo. Todo ello necesario para la sostenibilidad de un modelo de bienestar del que nos hemos dotado.
Resulta, por tanto, absolutamente necesario un trabajo consensuado por la gestión del conocimiento a nivel de Estado, en el que todos los agentes implicados asuman el compromiso de colaborar juntos como parte de una sociedad integral, en un marco de lealtad, confianza y respeto.
Cualquier medida que arbitrariamente haga un daño innecesario e injustificado a las universidades, realmente a quien está haciendo daño es al futuro de la sociedad".
