Universidades y Junta firman un convenio para coordinar la atención a la discapacidad

Los consejeros de Universidad, Investigación e Innovación e Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, José Carlos Gómez Villamandos y Loles López, respectivamente, y los rectores de las universidades públicas de Andalucía han firmado el convenio para la puesta en marcha de las labores de coordinación de los trabajos de atención a la discapacidad y a las necesidades específicas de apoyo educativo en las instituciones académicas andaluzas, de lo que se encargará la Universidad Pablo de Olavide (UPO), para garantizar así la igualdad de oportunidades a los estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria con discapacidad.

El consejero ha destacado que es fundamental contar con una universidad pública que potencie la inclusión para caminar hacia la excelencia, por lo que una de las principales apuestas del ejecutivo autonómico se orienta hacia “el fortalecimiento de las universidades con alma, que están pegadas a su territorio y a las necesidades de las personas”. Por ello, “se reforzará la inclusión y la atención a la diversidad funcional" a través de la futura Ley de Universidades para Andalucía (LUPA), que incluirá un bloque específico para discapacidad.

Por su parte, la consejera ha reseñado la importancia de convenios como éste, ya que “solo sumando fuerzas lograremos avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva”. El alumnado con discapacidad cursando los estudios de grado universitario alcanza al 1,4% del total, subiendo esta cifra hasta el 6,3% en el caso de la universidad a distancia, según el estudio realizado por la Dirección General de Personas con Discapacidad de la propia consejería.

Ante estas cifras, la consejera ha incidido en la necesidad de implementar medidas de accesibilidad de toda índole para favorecer el acceso de las personas con discapacidad y necesidades específicas de apoyo educativo al ámbito universitario. En este sentido, ha subrayado que la universidad supone “un instrumento fundamental” para la promoción de su autonomía personal y, a su vez, contribuye a mejorar su empleabilidad. “No vamos a cejar en nuestro empeño para que las personas con discapacidad y necesidades específicas de apoyo educativo puedan ejercer sus derechos, reciban la atención que merecen y desarrollen su proyecto de vida sin barreras”, ha remarcado López.

Así, para la consecución de estos objetivos, el convenio, con una vigencia de cuatro años prorrogables, establece una serie de actuaciones como la elaboración de un estudio sobre la situación de los servicios de atención a la diversidad funcional en las universidades públicas o la implementación de líneas de trabajo conjuntas para atender a la comunidad con diversidad funcional que se determinarán en cada curso académico por la Comisión de Seguimiento de este convenio, órgano que presidirá la Consejería de Universidad y que se constituirá dentro del mes siguiente a la firma de este acuerdo.

Asimismo, el convenio recoge la celebración de encuentros estratégicos de los órganos responsables de la atención a la diversidad en las universidades públicas, que se celebrarán cada curso académico para la planificación estratégica y la formulación de políticas de diversidad, así como la creación de un directorio de investigadores y grupos de investigación de las instituciones académicas públicas que centren sus trabajos en este ámbito y su divulgación mediante el uso de nuevas tecnologías. Además, contempla la creación de un repertorio audiovisual sobre integración y diversidad funcional a nivel autonómico con apoyo del tercer sector.

En cuanto a la financiación de estas actividades de coordinación, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación aportará 8.000 euros anuales para cada ejercicio durante los cuatro años de vigencia del convenio, a través de una subvención nominativa destinada a la UPO. Esta cantidad será compatible con otro tipo de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de la propia universidad o de cualquier administración o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que el importe del total de las ayudas no supere el coste de la actividad.

Por su parte, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad contribuirá con un estudio detallado sobre la situación de las personas con discapacidad en el sistema universitario andaluz y a dar la información que se le requiera para el adecuado desarrollo de las actividades previstas en este convenio, además de la colaboración técnica que se precise para el desarrollo las líneas de actuación previstas. Mientras, las universidades públicas colaborarán con los recursos humanos y materiales mediante sus unidades competentes en materia de diversidad.

Conciliación y corresponsabilidad en las universidades

Los diez rectores de las universidades públicas de Andalucía han firmado su adhesión al primer Pacto Andaluz por la Conciliación y la Corresponsabilidad, que promueve la Junta de Andalucía, con el objetivo de impulsar un auténtico cambio de cultura y avanzar hacia la igualdad real y efectiva. La rúbrica se ha realizado en un acto celebrado en Huelva y ha contado con la participación de los consejeros Loles López y José Carlos Gómez Villamandos.

Las universidades públicas se suman así a este pacto pionero, al que ya se han adherido agentes sociales como la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos (ATA) Andalucía y la propia Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

De esta manera, la Junta extiende su alianza por la conciliación que es el principal desafío para las familias y el mayor obstáculo para alcanzar la igualdad real.

Los consejeros y los rectores de las universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Jaén, Huelva, Granada, Sevilla y Málaga, de la Universidad Pablo de Olavide y de la Universidad Internacional de Andalucía, han firmado la adhesión de las universidades a este acuerdo, el cual cuenta con 55 medidas transversales y 42,9 millones de euros para la implementación de las actuaciones en 2024. Además, las deducciones fiscales del Gobierno andaluz que fomentan la conciliación y la corresponsabilidad supusieron en 2022 un ahorro de más de 22 millones para las familias andaluzas.

La consejera de Igualdad ha afirmado que este pacto busca “un cambio de cultura”, que conciencie sobre la importancia del reparto de tareas domésticas y de los cuidados de menores, mayores y personas en situación de dependencia. De este modo, con la adhesión de las universidades públicas de Andalucía a este acuerdo se pretende seguir avanzando en este camino, creando “un marco donde encajar las nuevas políticas de conciliación, poniendo a las personas en el centro, y acercándonos a sus realidades y necesidades para una conciliación real y efectiva”, ha remarcado.

Por su parte, el consejero de Universidad ha subrayado que para que la conciliación y la corresponsabilidad cale en todas las esferas de la ciudadanía y la sociedad es necesario que ese compromiso por la igualdad comience en la esfera pública, donde también se incluye nuestro sistema público universitario y de I+D+I. “No podemos olvidar que las universidades son instituciones transmisoras de conocimiento y de valores, y uno en los que hay que hacer especial hincapié entre el alumnado y en el conjunto de la comunidad universitaria es, precisamente, el fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como medio para la construcción de una sociedad más justa y democrática”.

En el sistema público universitario ya se lleva camino recorrido en este sentido con numerosas iniciativas puestas en marcha, como es el caso de los Planes de Igualdad o las Unidades de Igualdad de Género, unas estructuras ya creadas que constituyen herramientas muy valiosas sobre las que seguir implementando nuevas medidas encaminadas a reforzar esa perspectiva igualitaria.

La conciliación de la vida laboral, personal y familiar se concibe hoy como uno de los grandes retos del Estado del Bienestar y el principal obstáculo de las mujeres para alcanzar la igualdad real y efectiva. De ahí, la importancia del primer Pacto Andaluz por la Conciliación y la Corresponsabilidad que, entre sus objetivos, busca aunar voluntades, visiones y esfuerzos para favorecer la maternidad, fomentar la participación de las mujeres en el ámbito laboral y profesional y la incorporación de los hombres en las tareas de cuidados y del hogar. Además, contempla que se constituya como prioridad en la agenda pública una mejor ordenación del tiempo de trabajo y de los espacios públicos para hacer de la conciliación laboral, personal y familiar una realidad.

 300.000 euros para las universidades

Entre las medidas puestas en marcha por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad a favor de la conciliación, Loles López ha destacado que, por primera vez, se destinará una línea de subvenciones, dotada inicialmente con 300.000 euros, para el desarrollo de proyectos de las universidades públicas andaluzas en materia de conciliación y corresponsabilidad.

En concreto, estos fondos procedentes del Plan Corresponsables irán dirigidos a la puesta en marcha de servicios de cuidado profesional, que atiendan en domicilio por horas o en espacios preferentemente públicos convenientemente habilitados, para facilitar la conciliación de las familias del profesorado, alumnado y personal de administración y servicios, con hijas e hijos de hasta 16 años. En todo caso, se promoverá el acceso de menores con discapacidad.

Asimismo, se fomentarán acciones de formación y sensibilización en corresponsabilidad destinadas tanto a la comunidad universitaria como al conjunto de la sociedad, especialmente a agentes clave en la transformación social, como profesionales del sector educativo, del ámbito judicial o del área de la intervención social, entre otros.