Tras la reunión de la Comisión Sectorial de Prácticas, Empleabilidad y Formación Permanente de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA) celebrada recientemente para abordar las últimas novedades legislativas aparecidas con respecto a las prácticas del estudiantado y su cotización en la Seguridad Social, los rectores y rectoras de las Universidades Públicas Andaluzas quieren manifestar lo siguiente:
1. Que, en el sistema universitario andaluz valoramos con profunda preocupación la situación generada tras la aprobación del Real Decreto-ley 2/2023 que supone la incorporación en la Ley General de Seguridad Social de una nueva disposición adicional quincuagésima segunda sobre “Inclusión en el sistema de Seguridad Social de alumnos que realicen prácticas formativas o prácticas académicas externas incluidas en programas de formación”, por las gravosas consecuencias que esta medida puede tener desde el punto de vista de sus costes y de su gestión administrativa, así como por las implicaciones que puede tener en el correcto desarrollo formativo del estudiantado.
2. Que las universidades públicas andaluzas nos manifestamos en desacuerdo con una reforma de la que se deriva una cotización obligatoria a la Seguridad Social con ocasión de la impartición de una asignatura por el mero hecho de que su desarrollo se produzca fuera del aula y en colaboración con el tejido administrativo, productivo o asociativo. Particularmente, nos preocupa cómo se podrán gestionar las prácticas vinculadas a las administraciones públicas.
3. Que reclamamos una solución diferente para la necesaria protección de las posibles contingencias que, con carácter excepcional, el estudiantado pueda tener en el desarrollo de sus prácticas académicas y que, en todo caso, nos adherimos a la solicitud que ha realizado la propia Conferencia General de Política Universitaria respecto a la obtención de una prórroga de al menos un año para la entrada en vigor de esta medida.
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